Políticas y prácticas
Además de la legislación, es importante analizar el uso y la accesibilidad de la JR en su país. En el siguiente texto puede leer más sobre esto y qué iniciativas existen para promover la JR en su país.
Políticas de justicia restaurativa en España
Aparte de la justicia penal en menores, no existen pautas políticas específicas para la aplicación de la justicia restaurativa.
Prácticas de justicia restaurativa en España
La Comunidad Autónoma de Cataluña cuenta con el Programa de Justicia Restaurativa, gestionado por el Área de Reparación y Atención a las Víctimas (Departamento de Justicia). Su objetivo es trabajar con el infractor y la víctima implicados en un acto delictivo, así como con otras personas que puedan resultar afectadas, con el fin de reparar el daño causado y llegar a una resolución del conflicto atendiendo a los intereses de todas las partes desde una perspectiva justa y equilibrada.
La demanda de justicia restaurativa puede hacerse en cualquier fase del proceso penal y aplicarse de diferentes formas, ya sea a solicitud de las partes o de sus defensas, bien por la oficina de los órganos judiciales o el Ministerio Público, por remisión de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los servicios de ejecución penal o de otros servicios que intervengan con las partes.
Programas de justicia restaurativa en caso de delitos de odio anti-LGTB en España
No existen programas específicos de justicia restaurativa para delitos de odio anti-LGBT.
No obstante, la Administración Penitenciaria puso en marcha, en 2018, el Programa Diversidad, orientado a abordar los delitos de odio mediante una asistencia psicoterapéutica en siete centros penitenciarios españoles, y en el contexto de las sanciones y medidas alternativas.
El programa tiene como objetivo reducir la tasa de reincidencia, a través de la aplicación de una intervención especializada que conduzca a una minimización de riesgos y, de esta forma, promover el proceso de reeducación y adecuada reintegración.
El programa es voluntario para las personas que se encuentran en prisión y obligatorio para los condenados a penas y medidas alternativas por delitos relacionados con el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia por prejuicios.